Reyna muere en vida… buscando a su esposo desaparecido en Chilapa

*** La historia que se repite con cada una de las familias de personas desaparecidas

Bernardo Torres/API

Chilpancingo, Gro. 28 de Mayo del 2018.- Ser mujer en Guerrero, indígena, pobre, marginada y la desaparición de su esposo en 2015, en Chilapa, son los males que tienen a Reyna Hernández hundida en una crisis física y psicológica, de la cual, sólo la verdad y la justicia podrían sacarla.

“Ando buscando a mi marido, está desaparecido, por eso sigo aquí. Tengo cuatro hijos, están chiquitos, el más grande tiene ocho años. Estoy enferma y quisiera que el gobierno nos escuchara, nos apoyara, no me puedo atender porque no tengo dinero, a veces no puedo venir, a luchas me alcanza para mis hijos”; así resume su vida Reyna, originaria del municipio de Zitlala.

Su esposo, Miguel Heredia, desapareció el 30 de noviembre de 2015 en la cabecera municipal de Chilapa, cuando conducía el taxi que trabajaba. Desde entonces no ha sabido nada de su paradero, y no ha contado con el apoyo de su familia en la búsqueda, ni para la manutención de sus cuatro hijos.

El mayor de sus vástagos tiene ocho años y aún no se puede valer por sí mismo; le sigue uno de seis años y dos gemelos de cuatro, que tenían un año, cuando su padre desapareció. Los dejó en total indefensión, lo cual a Reyna también le impide conseguir un empleo para hacer más llevadera su responsabilidad.

“Voy a seguir en esto porque no me voy a quedar callada, aunque no nos apoyen, no busquen a nuestros familiares, sufro mucho, a veces no tengo qué darles de comer, a veces tortilla con sal”, relata, con un rostro inexpresivo, y hasta con la mirada perdida.

Las secuelas de este golpe anímico la han llevado a padecer un grave cuadro depresivo. Dice no tener ganas de hacer nada, siente un dolor constante en todo el cuerpo, lo cual se nota mientras narra su historia en una conferencia de prensa.

De repente se lleva las manos a la cabeza, luego cruza y aprieta fuerte los brazos, mientras explica que trabaja en Chilapa haciendo aseo en casas, para sacar adelante a sus hijos. Debe organizar su dinero para comprar leña, maíz, gas, agua, y para acudir a la Unidad de Atención Psicológica de la Secretaría de Salud en Chilpancingo, donde ha iniciado un tratamiento con la ayuda del Centro de Derechos Humanos “José María Morelos y Pavón”.

Su situación no es la única. De acuerdo con Raymundo Taboada del Colectivo Contra la Tortura, este tipo de secuelas que están acabando con la salud de las familias de los desaparecidos, es generalizada. No tienen paz, no tienen descanso y por si fuera poco deben enfrentar la indiferencia de las autoridades.

Precisó que no se trata de enfermedades que las víctimas hayan adquirido de manera natural, sino que son secuelas de los golpes a su estado de ánimo, golpes emocionales de los cuales no se van a poder recuperar mientras las autoridades no den con el paradero de sus desaparecidos, o hasta que se haga justicia.

Persiste indiferencia de las autoridades con las víctimas de la violencia: Centro Morelos

El insatisfactorio avance en el tema de desaparición en México, particularmente en Guerrero, ha convocado a las organizaciones defensoras de Derechos Humanos a seguir trabajando para visibilizar el arduo camino que día a día mujeres, hombres y niños recorren para buscar a sus familiares desaparecidos frente a una autoridad omisa e impune.

Para el Centro de Derechos Humanos “José María Morelos y Pavón”, que dirige Manuel Olivares Hernández, es importante que familias y colectivos de organizaciones nacionales e internacionales analicen el marco de omisión e incumplimiento de las leyes creadas para garantizar la verdad, justicia y atención a víctimas.

Expuso, que el colectivo de víctimas de la montaña baja, ha sido testigo de la ausencia de leyes en la atención a víctimas, pues la falta de sensibilidad en los mecanismos administrativos oficiales para comprobar recursos son muy rigurosos en comparación al contexto de las comunidades, donde es imposible obtener facturas para cubrir los gastos funerarios que sus costumbres les marcan.

Por lo tanto, las familias que han encontrado a su desaparecido sin vida, han cubierto dichos gastos generando deudas de hasta 40 mil pesos que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Guerrero (CEAV-Gro) se niega a cubrir si no hay factura de por medio.

El Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad por su parte, ha corroborado que existe una necesidad urgente para la atención psicosocial más comprometida con las familias, pues las consecuencias de las desapariciones se reflejan en secuelas psicológicas y psicosociales en los ámbitos personal, familiar, social, económico y étnico.

Lo anterior deriva en secuelas a la salud física que requieren de atención oportuna, eficaz y especializada que haga efectivo el derecho a la salud, incluyendo consultas y medicinas, evitando la simulación de una atención institucional que da consultas y recetas sin surtir, dejando a las familias el dilema de gastar más en medicinas. (Agencia Periodística de Investigación)
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